Un poco de historia… Venezuela, política y petróleo

The New York and Bermudez company. El trust del asfalto y las artes de comadrona del Departamento de Estado

«La estampa apacible del nacimiento de la industria de los hidrocarburos en Venezuela devino después drama. Pero el actor principal del primer acto no fue el petróleo, sino otro producto bituminoso, pariente cercano suyo: el asfalto.

En 1883, el gobierno de Venezuela otorgó a un ciudadano estadounidense, Horacio Hamilton, una concesión de explotación del lago de asfalto Guanoco, en el oriente de la República. Se trataba del que para ese entonces era el más grande depósito natural del mundo de una esa sustancia mineral. Hamilton cedió su contrato a The New York and Bermudez Company, criatura de un trust del asfalto, con oficinas centrales en Filadelfia. En 1889, el Estado venezolano declaró caduca la concesión. La Compañía usufructuaria de había limitado a recoger y exportar el mineral, sin cumplir con sus compromisos contractuales, entre ellos, el de canalizar los ríos Colorado y Guarapiche. La concesión continuó, durante una década, teóricamente caduca y prácticamente explotada por sus usufructuarios.

En 1899, el general Cipriano Castro, al frente de una montonera integrada en su mayoría por nativos de los Andes, tomó por asalto el poder. Y el despótico y truculento personaje, ansioso de obtener dinero donde lo hubiese para sufragar sus propios gastos y los de una corte dispendiosa, entró en conflicto con la Compañía del asfalto. Ésta prefirió, antes que ceder a los reclamos del gobierno, apoyar financieramente el movimiento armado que fraguaban sus opositores.

El jefe de ese movimiento -un señor Matos, típico exponente de la llamada alta clase social, tan huérfana de ideales como de escrúpulos- entabló eficaces relaciones con los directores de la Compañía. Uno de ellos, el propio gerente, lo acompañó a Europa, en las gestiones de adquisición del vapor Ban-Righ, que luego sería usado para el transporte de material bélico a costas venezolanas. Matos recibió dinero en abundancia del trust de Filadelfia y solo el montaje de dos giros a su favor alcanzó la suma de 130 mil dólares. Fueron cargados en los libros de la compañía a un apartida de nombre revelador: government relations (relaciones con los gobiernos).

En 1902, estalló la revolución bautizada con el nombre de «libertadora». El pueblo y la juventud inconformes acudieron, atropelladamente, a empuñar las armas que distribuía el Ban-Righ. No sabían con cuál dinero se compraron, y solo que eran para derrocar a un déspota que humillaba y deshonraba al país. Los caudillos militares de las distintas provincias concurrieron con sus propias mesnadas. Era una coalición de jefes regionales, en desesperado esfuerzo por resistir al sistema de gobierno centralizado, unipersonal, no compartido que inició Cipriano Castro y que llevaría a una fase de culminación exacerbada su compadre y sucesor, Juan Vicente Gómez.

La Revolución Libertadora dominó gran parte de la República. Era el país en armas contra un régimen odiado por el pueblo. Catorce mil hombres llegaron hasta La Victoria, a escasas horas de Caracas. Allí se estrellaron contra las fuerzas del despotismo. El campo rebelde estaba escindido por las rivalidades encontradas de los caudillos personalistas y Matos de sombrilla y pantuflas, manipulador de intrigas más que conductor de hombres, no era el jefe capaz de imponerse en esa feria de ambiciones. Millares de cadáveres quedaron tendidos en las abras y serranías que rodean La Victoria, un dramático testimonio más de la raigal vocación de libertad del pueblo venezolano.

Terminada la revolución con total fracaso para sus gestores, el despotismo de Castro pasó la cuenta a sus financiadores. Ambrose H. Carner, un ciudadano norteamericano, empleado infidente de The New York and Bermudez Company, suministró al gobierno toda la documentación reveladora de sus nexos con Matos. El ministro de Relaciones Interiores, en conferencia privada con el gerente de la Compañía, exigió una indemnización no menor de 50 millones de bolívares. El gerente rehusó. La Compañía fue demandada en nombre del Estado por el Procurador General de la Nación. Los tribunales decretaron (…) el secuestro precautelativo del rico lago asfáltico. Depositario fue nombrado mister Carner, el mismo que había documentado al gobierno para su reclamo (…)»

Fuente: Rómulo Betancourt. Venezuela, política y petróleo. MonteÁvila editores, Fundación Rómulo Betancourt, 1999